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El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria llevará al próximo Pleno una moción para pedir al Gobierno de Canarias que avance en la entrega de la propiedad de viviendas protegidas a las familias adjudicatarias que llevan décadas residiendo en ellas en régimen de alquiler. La iniciativa afecta, según los datos aportados por el partido, a cerca de 10.500 familias en el conjunto del Archipiélago, aproximadamente la mitad de ellas en Gran Canaria.
La portavoz adjunta del PP en la Corporación insular, Pepa Luzardo, sostiene que los adjudicatarios del primer y segundo Plan de Viviendas de Canarias tienen reconocido el acceso a la propiedad y recuerda el tiempo transcurrido desde que comenzaron a abonar las mensualidades.
«Estamos hablando que en Gran Canaria son algo más de 5.000 familias las que tenían derecho a tener la escritura de propiedad de sus casas, ya que llevan pagándolas más de 25 años mes a mes en el alquiler», señala Luzardo. La representante popular compara este proceso con el seguido en su momento con las viviendas de El Polvorín.
Procedimiento pendiente
La moción solicita que el Ejecutivo autonómico identifique y haga público, en un plazo máximo de tres meses, el conjunto de promociones de titularidad de la Comunidad Autónoma y de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN) existentes en Gran Canaria que estén dentro del ámbito de aplicación del Decreto 1/2023. También pide detallar su situación administrativa y establecer un calendario de actuaciones.
El PP plantea además que el Instituto Canario de la Vivienda active el procedimiento correspondiente para las promociones que cumplan los requisitos y propone crear una mesa de seguimiento con representantes de los ayuntamientos, el Cabildo, el Ejecutivo autonómico y las plataformas de afectados.
Viviendas de San Francisco
El segundo asunto que el Grupo Popular llevará al Pleno afecta al conjunto residencial situado en el entorno de la calle Gobernador Marín Acuña, en el barrio de San Francisco, en Las Palmas de Gran Canaria. La formación solicita un convenio entre las administraciones competentes para desarrollar un plan de reposición.
Según la moción, el conjunto está formado por 571 viviendas con casi 70 años de antigüedad, distribuidas en cinco bloques. El PP señala problemas de humedades, deterioro de fachadas, grietas, deficiencias de accesibilidad y otras patologías estructurales o relacionadas con el saneamiento.
Luzardo afirma que «ya ha llegado el momento» de que el Cabildo y el resto de administraciones alcancen un acuerdo para firmar un convenio de reposición y abordar la construcción de nuevas viviendas.
