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La reconstrucción de viviendas y fincas afectadas por la erupción volcánica continúa condicionada en Los Llanos de Aridane por un problema que va más allá de los trámites entre administraciones. La falta de nuevos fondos para recuperar pistas y caminos dificulta que vecinos de las zonas dañadas puedan obtener licencias y avanzar en la recuperación de sus propiedades.
El Ayuntamiento sostiene que la transferencia de financiación estatal permanece bloqueada pese a haber remitido durante el último año la documentación requerida para justificar las actuaciones ya ejecutadas. Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y consistorio reclaman ahora al Ministerio de Política Territorial que la situación quede resuelta antes de la próxima Comisión Mixta, prevista para mediados de octubre.
El alcalde de Los Llanos de Aridane, Javier Llamas, vinculó el problema administrativo con sus efectos sobre los damnificados. «Si no hay pistas y caminos, no podemos dar licencias para que la gente reconstruya sus casas o sus fincas», advirtió.
Caminos para recuperar la vida cotidiana
Los Llanos de Aridane fue el municipio que sufrió mayores daños durante la erupción y buena parte de la recuperación pasa por restablecer las comunicaciones destruidas por las coladas. Abrir una pista o recuperar un camino no solo supone rehabilitar una infraestructura pública: en muchos casos permite acceder a parcelas, viviendas y explotaciones que todavía intentan recuperar su actividad.
El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, incidió en esa dimensión social al señalar que los recursos pendientes tienen como destinatarios finales a los afectados. «El dinero no es para el Cabildo, ni para los ayuntamientos, es para las personas, porque las infraestructuras son necesarias para que puedan reconstruir sus vidas».
Los convenios suscritos en 2022 establecieron que el Estado asumiría el 50 % del coste de reconstrucción de infraestructuras. Para Los Llanos de Aridane se realizó entonces una primera estimación de 23,9 millones de euros. Cuando comenzaron las obras de caminos y pistas en 2024, el cálculo se elevó a 33 millones, una actualización de precios que, según la información facilitada, fue aprobada por el Ministerio en diciembre de ese año.
En julio de 2025, tras incorporar vías que habían quedado fuera de la relación inicial, la estimación alcanzó los 98,7 millones de euros.
Un año de documentación y correcciones
El punto de bloqueo se sitúa en la justificación de las actuaciones ejecutadas con los primeros 33 millones. El Ayuntamiento asegura que entregó la documentación solicitada en octubre de 2025 y que desde entonces ha respondido a sucesivos requerimientos sobre la forma y el contenido de la información.
Según expuso la consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, el consistorio ha remitido los documentos en distintas ocasiones y el alcalde solicitó hace diez meses una reunión entre técnicos municipales y estatales para aclarar las diferencias de criterio.
«Necesitamos saber de qué forma quiere el Ministerio que se le envíe la información, porque ya se le ha enviado de todas las maneras posibles», afirmó Barreto, que atribuyó a esta situación la paralización de nuevos recursos para continuar las obras.
La documentación volvió a entregarse en mano durante una visita ministerial a La Palma en febrero de 2026. Hubo nuevos requerimientos en marzo y julio y, según la versión expuesta por las administraciones canarias, posteriormente surgió otra exigencia relacionada con el formato de los carteles informativos de las obras.
La reconstrucción sigue esperando
El Ayuntamiento remitió de nuevo el pasado viernes 25 de septiembre la documentación solicitada, junto con otra propuesta para el cartel de obra. Gobierno canario, Cabildo y consistorio esperan que este nuevo envío permita superar las discrepancias técnicas antes de la Comisión Mixta de octubre.
Tras los expedientes, cifras y requerimientos administrativos permanece una consecuencia tangible para los afectados: cada camino pendiente puede condicionar el acceso a una propiedad y cada retraso en la financiación prolonga un proceso de reconstrucción que, cinco años después de la erupción, todavía forma parte de la vida diaria de numerosos vecinos.
