Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
«El foco hay que ponerlo en la vivienda vacía». Con esta afirmación, la presidenta de la Asociación Canaria de Vivienda Vacacional (ASCAV), Doris Borrego, resumió la posición de la entidad sobre la crisis habitacional en Canarias durante una entrevista en el programa Buenos Días a las 8, dirigido por Dulce María Facundo. La representante del colectivo defendió que, según los datos oficiales analizados por la asociación, la Ley de Vivienda Vacacional no ha incrementado la oferta residencial ni ha frenado el aumento de los alquileres.
Borrego explicó que, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, 9.311 viviendas vacacionales abandonaron el mercado tras la entrada en vigor de la normativa. A su juicio, esta evolución confirma la previsión que había realizado ASCAV antes de la aprobación de la ley, cuando advirtió de que una parte muy importante de estos inmuebles dejaría de destinarse a esta actividad. Añadió que muchos propietarios continúan esperando las enmiendas comprometidas por el Gobierno de Canarias.
Los alquileres no bajan
La presidenta de ASCAV aseguró que la retirada de esas viviendas no ha producido el efecto perseguido por la norma. Según expuso, las 9.311 viviendas que abandonaron el alquiler vacacional no se han incorporado al mercado residencial, mientras que el precio de los arrendamientos ha aumentado un 8 % desde mayo de 2025.
Borrego indicó que el Ejecutivo autonómico presentó la ley como una respuesta a la escasez de vivienda, al considerar que el alquiler vacacional era uno de los factores que limitaban la oferta residencial. Sin embargo, afirmó que el balance del primer año apunta en sentido contrario, ya que los alquileres no se están abaratando y, además, han seguido desapareciendo viviendas del mercado residencial. Para la asociación, estos resultados demuestran que la regulación no está resolviendo el problema que pretendía corregir.
La solución pasa por las viviendas vacías
La dirigente de ASCAV defendió que el principal desafío se encuentra en los inmuebles que permanecen cerrados. Recordó que los datos de 2021 situaban en 211.000 las viviendas vacías en Canarias y aseguró que, al sumar las viviendas registradas durante el denominado «efecto llamada» y las que han abandonado el mercado vacacional en el último año, la cifra alcanzaría unas 246.000 viviendas cerradas.
En este contexto, reclamó mayor seguridad jurídica para los propietarios, convencida de que esa medida facilitaría el regreso de muchos inmuebles al mercado del alquiler y contribuiría a ampliar la oferta disponible. También afirmó que ASCAV ha trasladado esta propuesta al Gobierno de Canarias durante los dos últimos años sin obtener respuesta.
El peso del alquiler vacacional
Borrego también respondió a las críticas sobre la concentración de viviendas vacacionales en determinados municipios. Explicó que más de la mitad se localizan en los nueve municipios turísticos porque así lo establece la propia planificación del sector y recordó que muchas forman parte de complejos concebidos para uso turístico, por lo que no podrían destinarse al alquiler residencial.
Asimismo, señaló que en los 79 municipios no turísticos la vivienda vacacional representa el 2,09 % del parque de viviendas y que en las capitales insulares y La Laguna su incidencia se sitúa en torno al 1,09 %. A su juicio, esos porcentajes evidencian que este tipo de alojamiento no puede considerarse el origen de la falta de vivienda ni del incremento de los precios del alquiler.
Para ASCAV, restringir la vivienda vacacional no resolverá la emergencia habitacional mientras no se adopten medidas que favorezcan la incorporación al mercado de las viviendas vacías, una actuación que la asociación considera prioritaria para aumentar la oferta residencial.
