“POR SUS HECHOS LOS CONOCERÉIS”

A poco más de un mes de que, en su visita a España, el Papa León XIV pidiera en el Congreso reducir la polarización y fomentar el respeto y el diálogo institucional, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, afirmó, parafraseando a Agustín de Hipona, que “cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones”, añadiendo que “a las pruebas me remito”. También llamó “paguitas”, en sintonía con Vox, a las ayudas a colectivos vulnerables; acusó a los gobiernos progresistas de promover una “deconstrucción antropológica” con la pluralidad de géneros; y defendió adelantar elecciones porque “la salida a este bloqueo institucional es dar voz a los ciudadanos”. Todo muy espiritual y comedido.

Es sabido que, aunque es un ciudadano español más, este jerarca ejerce, como sus pares y subalternos, un ministerio amparado por los tratados entre España y la Santa Sede. Esa relación otorga a la Iglesia católica prerrogativas como el 0,7% del IRPF. Aunque sus miembros carecen de contrato laboral y Estatuto de los Trabajadores, reciben pensiones contributivas básicas y cobertura sanitaria pública, incluida la incapacidad temporal, porque las diócesis pueden cotizar por ellos al Régimen General por la base mínima. Solo carecen de desempleo: al ordenarse, el sacerdote queda ligado de forma perpetua a una Iglesia particular por una relación canónica, no contractual; no hay salario, sino sustentación, ni despido, sino remoción, aunque se le asimile administrativamente a trabajador por cuenta ajena. Monjas y frailes, al profesar votos, se rigen por las constituciones de su instituto religioso, aunque se les asimila a autónomos.

Las excepciones son el profesorado de Religión católica en la escuela pública, contratado con beneplácito del obispado y pagado por el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas. Y los capellanes castrenses, penitenciarios y hospitalarios, que cotizan como empleados públicos del Estado. Esta estructura permanente, de dedicación completa y financiación pública directa, es casi exclusiva de la confesión católica: para evangélicos, judíos y musulmanes, la asistencia religiosa funciona a demanda, con ministros designados por sus comunidades y costeados, salvo en la enseñanza, por ellas.

Como colofón de su privilegiado estatus institucional, la Iglesia se ha convertido en el mayor propietario privado de inmuebles del país. Desde la Ley Hipotecaria franquista de 1946 pudo inmatricular bienes como las Administraciones del Estado y, en 1998, un decreto del Gobierno del Partido Popular le permitió registrar también bienes de dominio público y templos. Entre 1998 y 2015 —año en que se anuló el decreto— se contabilizaron casi 40.000 fincas, entre templos, terrenos, solares, viviendas y locales; sumadas a unas 65.000 más inscritas desde 1946 hasta 1998 y por título ordinario, superan los 100.000 inmuebles censados, exentos además del Impuesto de Bienes Inmuebles.
 

Además, la Iglesia católica es la dueña de cerca del 60% de los centros concertados de enseñanza y del segundo grupo radiofónico de España. A través de Ábside Media, la Conferencia Episcopal Española controla la COPE, Cadena 100, Rock FM, MegaStarFM y Canal 13 TV, conformando el único grupo multimedia religioso vertical con radio, televisión, revistas, web e ideario confesional aprobado por la propia Conferencia Episcopal.
 

Y eso, solo en España. Pero la cooperación Estado-Iglesia prevista en los tratados no puede vaciar la aconfesionalidad constitucional ni confundir funciones públicas y religiosas. Algo que los obispos olvidan a menudo, quizá por el poder de la Santa Sede, que mantiene —junto con las demás “religiones del Libro”— una jerarquía exclusivamente masculina pese a las advertencias de la ONU contra la discriminación de la mujer. En fin, la institución religiosa más poderosa, próxima a dos milenios, aún pretende quedar al margen de sus contradicciones seculares, incluidos los abusos pederastas cometidos por algunos religiosos. Para todo ello no hay “amén”.