Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
El Ayuntamiento de Mogán recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anula la ordenanza reguladora de la conocida como tasa turística del municipio. La alcaldesa, Onalia Bueno, y el director general de Gestiona Mogán, Eduardo Álamo, anunciaron la presentación de un recurso de casación al considerar que el fallo «no se ajusta a la realidad del tributo» y que no valora adecuadamente la documentación técnica elaborada por el consistorio.
La resolución del TSJC estimó el recurso presentado por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT) y declaró nula la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación de Servicios y la realización de Actividades derivadas de la Acción Turística y la Obligación de Sostenibilidad. Frente a ello, el gobierno local sostiene que la legislación permite a los municipios crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos legales exigidos.
Bueno rechazó la interpretación del tribunal sobre las competencias tributarias de las entidades locales y afirmó que «la legislación vigente permite a los municipios crear nuevas tasas siempre que cumplan los requisitos legales», una condición que, a su juicio, «ocurre en este caso». Asimismo, citó como ejemplo la ecotasa implantada por el Cabildo de Tenerife para defender que las administraciones locales pueden establecer tributos finalistas vinculados a servicios de sostenibilidad y gestión de recursos naturales.
Defensa del modelo
La alcaldesa destacó que la propia sentencia reconoce que los tributos locales pueden ser instrumentos «eficaces» para orientar la actividad económica hacia modelos más respetuosos con el medio ambiente, aunque lamentó que finalmente califique la tasa como recaudatoria «sin aportar prueba alguna». También criticó que el fallo considere ambiguos los servicios incluidos en el tributo.
Por su parte, Eduardo Álamo defendió que el hecho imponible está definido «de forma precisa» y se vincula a tres grandes áreas: el ciclo integral del agua, la economía circular mediante la recogida y tratamiento de residuos y la promoción turística sostenible. Según explicó, estos servicios son utilizados por los visitantes, pero hasta ahora su financiación ha recaído únicamente sobre los residentes del municipio.
Una tasa de 15 céntimos por noche
El Ayuntamiento subraya que la tasa fue diseñada para cubrir parte del coste real de esos servicios y no para incrementar la recaudación municipal. El gravamen establece un importe de 0,15 euros por persona y día de pernoctación en alojamientos turísticos, una cuantía calculada a partir de un estudio técnico que cifra en más de 2,7 millones de euros anuales el coste de los servicios relacionados con la actividad turística y la sostenibilidad.
El consistorio añade que los turistas representan el 44,75 % del uso de esos servicios, por lo que estima que les corresponde financiar alrededor de 1,2 millones de euros. En este sentido, insiste en que «en ningún momento» el objetivo de la ordenanza fue generar superávit o sufragar gastos generales del Ayuntamiento, sino que «graba exclusivamente los servicios sostenibles que este recibe».
