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El Cabildo de La Palma ha trasladado a los grupos parlamentarios una batería de enmiendas a la futura ley de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas con el objetivo de proteger tanto los derechos de las familias afectadas por la erupción del volcán Tajogaite como el régimen específico de las denominadas islas verdes. La institución considera que el texto, tal y como está redactado, puede perjudicar la reconstrucción insular y limitar un modelo turístico que considera esencial para el desarrollo económico de la isla.
El presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, defendió que estas reivindicaciones deben situarse «al margen de la confrontación ideológica o partidista» y apeló al respaldo de todos los grupos parlamentarios durante la tramitación de la norma.
Proteger a los afectados por el volcán
La primera de las enmiendas solicita que la ley garantice de forma expresa los derechos de las familias que perdieron sus viviendas e inmuebles turísticos bajo las coladas del volcán Tajogaite. El Cabildo plantea que quienes ya explotaban legalmente una vivienda vacacional antes de la erupción puedan recuperar esa actividad una vez reconstruyan sus inmuebles.
Según la institución, la exigencia de una antigüedad mínima de cinco años para autorizar la comercialización turística impediría a muchos damnificados recuperar plenamente los derechos que tenían antes de la catástrofe.
Sergio Rodríguez sostiene que esta petición responde al marco ya previsto por la legislación de recuperación tras la erupción y afirmó que se trata de una «justa pretensión» respaldada por la Ley de Volcanes y por los decretos aprobados para la reconstrucción de la isla.
Defensa del modelo de las islas verdes
La segunda enmienda busca preservar el régimen específico de la denominada Ley de Islas Verdes, que el Cabildo considera un instrumento con prevalencia sobre la planificación general y que, a su juicio, no debería verse condicionado por las limitaciones previstas en la nueva regulación del alquiler vacacional.
Rodríguez defendió que este sistema «funciona de forma idónea» en territorios como La Palma, donde, según explicó, no predominan los grandes tenedores ni las explotaciones turísticas de carácter masivo.
En ese sentido, afirmó que «las viviendas vacacionales aportan rentas complementarias directamente a las economías familiares, ayudando a fijar población al territorio, recuperar fincas agrícolas en las medianías y generar un turismo no invasivo», al tiempo que recordó que la isla continúa trabajando para ampliar su oferta alojativa tradicional mediante los instrumentos de planificación turística.
Petición de respaldo parlamentario
El presidente insular advirtió de que, en su redacción actual, la futura ley «cercena» el espíritu de la Ley de Islas Verdes y «colisiona» con el derecho de muchos ciudadanos a mantener la explotación de sus viviendas como complemento de ingresos.
Asimismo, recordó que La Palma ha sido una isla pionera en la promoción de vivienda pública y protegida y defendió que, en el actual proceso de reconstrucción, resulta necesario preservar todas las herramientas capaces de contribuir a la recuperación económica.
Por ello, el Cabildo solicita el apoyo unánime de los grupos políticos del Parlamento de Canarias para incorporar estas enmiendas durante la aprobación definitiva de la ley.
