El Parlamento aprueba la ley para agilizar licencias urbanísticas con el apoyo del Gobierno

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la ley de agilización de licencias urbanísticas con los votos favorables de los grupos que sustentan al Gobierno autonómico, el rechazo de PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) y la abstención de Vox. La nueva norma busca acelerar la concesión de permisos por parte de los ayuntamientos mediante la participación de colegios profesionales y entidades urbanísticas acreditadas en la emisión de informes técnicos con validez jurídica.

Durante el debate parlamentario, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, defendió que el Ejecutivo continúa trabajando para afrontar la crisis habitacional. «No hay varitas mágicas ni pócimas» para resolver el problema de la vivienda, afirmó, aunque aseguró que el Gobierno ofrece «trabajo, constancia y soluciones».

Clavijo también reconoció las dificultades surgidas durante la tramitación del texto, especialmente en el ámbito turístico, y agradeció la disposición de la consejera de Turismo, Jessica de León, para alcanzar acuerdos. Asimismo, anunció que en septiembre el Ejecutivo dará respuesta a las reivindicaciones de la Fecam sobre las actividades clasificadas con el objetivo de establecer un principio de homogeneidad entre todos los municipios y las islas, especialmente en relación con las denominadas «islas verdes».

Agilizar los procedimientos

La ley permitirá que colegios profesionales y entidades urbanísticas acreditadas emitan informes técnicos con eficacia jurídica para reducir los tiempos de espera en la tramitación de licencias urbanísticas municipales. Según el Ejecutivo, esta medida contribuirá a facilitar la construcción de vivienda y a eliminar parte de la carga administrativa que soportan los consistorios.

Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue la regulación de la vivienda vacacional. Un voto particular de Coalición Canaria dejó sin efecto la enmienda aprobada en comisión que pretendía considerar esta actividad como inocua. La decisión fue defendida por la diputada nacionalista Socorro Beato, quien argumentó que «la vivienda vacacional no es neutra, genera un impacto, afecta a la convivencia, a los ruidos, al uso de zonas comunes».

Por su parte, el portavoz de ASG, Jesús Ramos, reiteró su respaldo al Gobierno, aunque reclamó una solución específica para las islas verdes. «Le quiero pedir, señor presidente, que a la tercera seamos ya capaces de solucionar el problema de la vivienda vacacional en Canarias», manifestó durante su intervención.

Críticas de la oposición

Los grupos de la oposición cuestionaron tanto el contenido como la tramitación de la ley. Desde el PSOE, Patricia Hernández sostuvo que el texto «no es una ley de vivienda sino de urbanismo» y acusó al Gobierno de favorecer intereses privados con medidas que, a su juicio, amplían el margen de negocio en torno a la vivienda protegida.

En la misma línea, Carmen Hernández, de NC-bc, calificó la crisis habitacional como un «clamor social» y aseguró que el Ejecutivo está promoviendo una «perversión política» al trasladar parte de la gestión urbanística al ámbito privado. Además, afirmó que las políticas incluidas en la norma pueden contribuir a «fracturar esta tierra en dos Canarias, la que tiene vivienda y la que no va a poder tener vivienda».

Vox optó por la abstención pese a considerar que la norma responde a una «urgente necesidad» para aliviar la emergencia habitacional. No obstante, criticó la incorporación de enmiendas ajenas al objeto inicial del decreto y mostró su rechazo a varios cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria.