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Cada verano, decenas de familias canarias vuelven a enfrentarse al mismo problema. Encontrar un campamento adaptado para menores con discapacidad o con necesidades relacionadas con la salud mental sigue siendo una tarea casi imposible en numerosos municipios del archipiélago. La falta de recursos y de programas inclusivos ha llevado a las familias vinculadas a la asociación Felices con Narices a denunciar una situación que, aseguran, se repite año tras año.
La denuncia fue trasladada por Miriam Rodríguez durante una entrevista en el programa Buenos Días a las 8, dirigido por Asunción Benítez en Radio Las Palmas. La representante de la asociación explicó que este será el primer verano, después de más de una década, en el que la entidad no podrá organizar su campamento por la ausencia de financiación suficiente.
«No es discriminación, creo que es falta de voluntad».
Rodríguez señaló que las administraciones muestran cada año su disposición a colaborar, pero las ayudas no llegan cuando deben hacerse efectivas. Según explicó, una asociación sin ánimo de lucro no puede adelantar entre 20.000 y 30.000 euros para poner en marcha un proyecto que atiende a familias con escasos recursos y que depende, en gran medida, del trabajo del voluntariado.
Un problema que afecta a las familias
La asociación defiende un modelo de campamento inclusivo con personal formado durante todo el año y una atención adaptada a las necesidades de cada menor. El programa incorpora excursiones, playa, cine, museos y otras actividades de ocio para favorecer la participación de todos los niños.
«Ellos cuentan con voluntariado que está formándose durante todo el año y sí cumplen el ratio de niño por monitor».
La falta de estos recursos obliga a muchas familias a recurrir a alternativas privadas. Rodríguez explicó que el campus al que asiste su hijo cuesta cerca de 800 euros al mes, una cantidad fuera del alcance de muchos hogares. Cuando esa opción tampoco existe, los progenitores deben reducir su jornada laboral, solicitar permisos o repartir las vacaciones para atender a sus hijos.
La situación resulta todavía más complicada cuando los menores presentan problemas de conducta o riesgo de escapismo, ya que muchas familias no pueden confiar su cuidado a personas mayores. A ello se suma que numerosos campamentos organizados en colegios públicos fijan una edad máxima de doce años, lo que deja sin alternativas a muchos adolescentes.
Reclaman una respuesta estable
Las familias aseguran que llevan años trasladando propuestas a distintas administraciones para consolidar una red de campamentos inclusivos. Entre sus planteamientos figura financiar a asociaciones especializadas que ya cuentan con experiencia, profesionales y voluntariado preparado para desarrollar estos proyectos.
«Todos los años es lo mismo».
Rodríguez también destacó que algunos municipios del sureste de Gran Canaria ya han puesto en marcha iniciativas específicas para menores con necesidades de apoyo, una experiencia que considera un ejemplo para el resto del archipiélago.
Mientras tanto, alrededor de medio centenar de familias vinculadas a Felices con Narices afrontan otro verano con incertidumbre y reclaman que el acceso al ocio, la inclusión y la conciliación familiar deje de depender del lugar donde vive cada menor o de la capacidad económica de sus padres.
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