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El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, reclamó este jueves al Gobierno de España el abono de los 40,5 millones de euros correspondientes al Posei adicional, una financiación que, según recalcó, corresponde a los 7.591 agricultores y ganaderos del archipiélago y no a las administraciones canarias.
La reivindicación se produjo antes del inicio del quinto encuentro de coordinación del sector primario, una cita semestral que reunió en el Cabildo de Tenerife al Ejecutivo autonómico y a los responsables insulares para analizar la situación del sector y fijar prioridades comunes.
Quintero insistió en que esos fondos deben llegar cuanto antes a sus destinatarios. «El Gobierno de España debe esos 40,5 millones de euros no al Gobierno de Canarias ni a los cabildos, sino a los 7.591 agricultores y ganaderos de Canarias», manifestó el consejero.
Defensa del Posei europeo
Durante el encuentro también se abordó el futuro marco financiero plurianual de la Unión Europea. El Ejecutivo canario y los cabildos mantienen como principal objetivo conservar un reglamento específico del Posei para las regiones ultraperiféricas, disponer de una ficha financiera actualizada y preservar la relación directa con la Comisión Europea, sin que la gestión dependa del Estado.
En ese contexto, Quintero defendió el papel del sector primario en la economía del archipiélago y señaló que «el sector primario de Canarias está fuerte y tenemos que seguir respaldándolo para que continúe siendo así».
Plagas y pesca artesanal
La reunión también sirvió para repasar la evolución de la filoxera en Tenerife. El consejero destacó que la coordinación entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias ha permitido contener los casos detectados y poner en marcha un plan de erradicación.
Otra de las demandas trasladadas fue la autorización de nuevos productos fitosanitarios para combatir plagas y enfermedades que afectan a las explotaciones agrícolas, una medida que consideran necesaria para garantizar la continuidad de la actividad.
En materia pesquera, Canarias mantiene su petición de que el nuevo reglamento europeo de control contemple excepciones para la pesca artesanal de las islas. El Gobierno autonómico considera que muchas de las obligaciones previstas responden a la realidad de grandes flotas y resultan difíciles de aplicar a las pequeñas embarcaciones que operan en el archipiélago.
