Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies.
El Gobierno de Canarias ha valorado de forma positiva el acuerdo extrajudicial alcanzado con las empresas que mantenían reclamaciones derivadas de la moratoria turística, al reducir a cerca de 400 millones de euros unas pretensiones económicas que inicialmente superaban los 1.000 millones.
El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Ejecutivo autonómico, Onán Cruz, explicó que el objetivo perseguido desde el comienzo de las negociaciones fue «minimizar» el impacto que las indemnizaciones podían ocasionar en las arcas públicas.
Una advertencia para futuras moratorias
Cruz llamó además a extremar la cautela ante futuras decisiones destinadas a limitar el crecimiento turístico. Según señaló, cancelar derechos adquiridos por promotores o particulares puede generar indemnizaciones a las que posteriormente se sumen los correspondientes intereses.
«Cuando ahora mismo hablamos de limitar el crecimiento turístico y de congelar, nosotros decimos, oye, cuidado, porque mira lo que nos ha pasado ahora», manifestó el director general al referirse a las consecuencias económicas que pueden derivarse de este tipo de medidas.
El responsable autonómico defendió que el acuerdo permite cumplir el propósito de reducir el desembolso después de que los procedimientos judiciales concluyeran con resoluciones firmes contrarias a la Administración. «Hemos apelado a todos los procesos judiciales para intentar defender la postura del Gobierno, y en todas las sentencias que ya son firmes nos condenaban a pagar las indemnizaciones», afirmó.
Partiendo de ese escenario, Cruz sostiene que el Ejecutivo ha conseguido disminuir el impacto económico «en menos de la mitad».
Hasta 36 expedientes
El acuerdo comprende hasta 36 expedientes independientes y ya se ha realizado un primer pago. El Gobierno de Canarias no facilitó un listado de los grupos empresariales beneficiarios, aunque confirmó que uno de ellos concentra al menos el 60 % de la cuantía.
La información de agencia apunta a que ese principal beneficiario podría ser el grupo Lopesan, con alrededor de 260 millones de euros incluidos los intereses. Sin embargo, este extremo no ha sido confirmado ni por el Ejecutivo autonómico ni por el propio grupo empresarial, que declinó pronunciarse.
Hasta 460 millones con intereses
La factura definitiva podría ser superior a los cerca de 400 millones inicialmente contemplados. Los cálculos del Ejecutivo sitúan el importe en aproximadamente 460 millones de euros si se agota la estimación de pago y se incorporan los intereses. El primero de los desembolsos se efectuó en julio.
El procedimiento se encuentra ahora en manos de la Consejería de Hacienda, que debe tramitar el expediente y liberar los créditos. Posteriormente, los fondos serán transferidos a la Consejería de Política Territorial para efectuar los correspondientes pagos.
▪️ Foto de portada: Onán Cruz, director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial del Gobierno de Canarias, durante una comparecencia ante los medios.
