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La comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario durante la pandemia de la covid-19 aprobó este lunes el dictamen final, lo que abre un plazo de cinco días para que los grupos parlamentarios presenten, si lo consideran oportuno, votos particulares antes de que el documento sea elevado al pleno de la Cámara.
El contenido del dictamen permanecerá bajo reserva hasta que concluya ese procedimiento. Así lo explicó el presidente de la comisión, Raúl Acosta, quien indicó que los servicios jurídicos del Parlamento han determinado que el texto no puede hacerse público hasta su debate en sesión plenaria.
«El dictamen estará "en condiciones" de ir a pleno una vez finalice el plazo para presentar votos particulares», señaló Acosta, quien insistió en que la institución mantendrá «todas las cautelas» para preservar el carácter reservado del documento hasta ese momento.
Dictamen aún reservado
La decisión de mantener la confidencialidad del documento llevó incluso al Grupo Popular a cancelar la rueda de prensa que había convocado tras la reunión de la comisión para valorar el contenido del dictamen.
Según explicó el presidente de la comisión, la previsión es que el informe pueda debatirse durante el último pleno del actual periodo de sesiones, previsto para los días 21 y 22 de julio, aunque recordó que la inclusión definitiva en el orden del día corresponde a la Junta de Portavoces.
El pasado 15 de junio la mesa de la comisión admitió las dos únicas enmiendas registradas al borrador del dictamen, presentadas conjuntamente por los grupos Nacionalista Canario y Popular. De acuerdo con fuentes parlamentarias citadas por EFE, ambas modificaciones tienen carácter técnico y no alteran el contenido del informe.
Críticas de Nueva Canarias
Nueva Canarias optó por no presentar enmiendas. Su diputada Esther González justificó esa decisión al considerar que no quería participar «en el circo» en el que, a su juicio, los partidos que respaldan al Gobierno han convertido la comisión.
La parlamentaria sostuvo además que Coalición Canaria y Partido Popular «ya habían sentenciado» al expresidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y a su Ejecutivo antes del inicio de los trabajos. También criticó que la propuesta de dictamen responsabilice a Torres y a su consejo de gobierno «por acción y omisión», incorpore informes que, según afirmó, «no existen» y omita testimonios que, en su opinión, resultaban aclaratorios.
Dos años de investigación
La comisión de investigación se constituyó el 20 de mayo de 2024 para analizar las responsabilidades políticas derivadas de la contratación de material sanitario por parte del Servicio Canario de la Salud durante la pandemia. Desde entonces ha celebrado numerosas comparecencias, entre ellas las del expresidente Ángel Víctor Torres, el exministro José Luis Ábalos y el exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez.
Las investigaciones parlamentarias se centran, entre otros asuntos, en el contrato adjudicado en 2020 a la empresa RR7 para suministrar un millón de mascarillas FFP3 por un importe de cuatro millones de euros, material que finalmente no fue entregado. El caso está siendo investigado por la Fiscalía Europea ante la posible utilización de fondos de la Unión Europea.
⭕️ Imagen de portada: De izquierda a derecha, Gustavo Santana (PSOE), Fernando Enseñat (PP) y Raúl Acosta (Grupo Mixto), antes del inicio de la comisión parlamentaria que aprobó el dictamen del caso mascarillas en el Parlamento de Canarias.
