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El Gobierno de Canarias mantiene su rechazo a participar en los procedimientos de triaje de menores migrantes no acompañados al considerar que se trata de una función que corresponde al Estado. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, sostiene que estas actuaciones están vinculadas al control fronterizo y a la entrada de personas migrantes en España.
La posición del Ejecutivo autonómico llega después de que la Delegación del Gobierno solicitara a Canarias que designe representantes para intervenir en los procesos de identificación y determinación de edad que se realizan en los Centros de Atención Temporal de Migrantes (CATE).
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, defendió el pasado 24 de julio que la normativa europea exige que durante el triaje esté presente «alguien que defienda el interés superior del menor». A su juicio, esa función no puede recaer en la fuerza policial encargada de gestionar el CATE y debe asumirla la comunidad autónoma por sus competencias en materia de menores.
Competencias del Estado
Delgado ha rechazado esta interpretación y ha defendido que el Pacto Europeo de Migración y Asilo atribuye el procedimiento a la administración responsable de la entrada al territorio nacional.
«El Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el competente para hacer el triaje es el competente en la entrada al país. La entrada al país, la frontera, es competencia del Estado», ha afirmado la consejera.
Canarias, según ha explicado, velará posteriormente por que se respeten los derechos de los menores, pero no participará directamente en esos procedimientos mientras no exista un marco que establezca otra distribución de responsabilidades.
La Dirección General de Infancia ha mantenido recientemente una reunión con la Delegación del Gobierno y con brigadas policiales de extranjería para abordar esta cuestión. El Ejecutivo autonómico exige que cada menor que llegue al Archipiélago haya pasado por un procedimiento de triaje y reclama que este se realice cuando no se haya llevado a cabo previamente.
Reunión el 26 de agosto
La controversia sobre el reparto de responsabilidades volverá a abordarse el próximo 26 de agosto. Delgado acudirá entonces a una reunión bilateral convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar la aplicación del pacto migratorio europeo.
El encuentro se producirá después de que no llegara a celebrarse la XIV conferencia sectorial prevista sobre esta materia por falta de quorum tras la ausencia de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.
La consejera ha solicitado además que el Ministerio de Juventud e Infancia participe en la reunión para aclarar qué administración debe asumir la representación legal de los menores durante estos procedimientos.
Respaldo legal y financiero
El Gobierno de Canarias ha remitido tres cartas al Ministerio de Inclusión para solicitar información sobre las reformas legislativas necesarias para aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor desde el pasado 12 de junio.
Según Delgado, España todavía no ha adaptado su normativa interna para concretar cómo debe aplicarse la regulación comunitaria y cuál será el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
La consejera no descarta que Canarias pueda asumir nuevas funciones, pero condiciona esa posibilidad a que exista un instrumento jurídico que las regule y los recursos correspondientes.
«Nosotros podríamos asumir competencias, sí, pero las competencias se asumen o se delegan con un documento normativo y con una ficha financiera», ha recalcado.
