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La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha situado en «dos o tres años» el tiempo que puede requerir la suspensión del planeamiento necesaria para disponer del suelo de la futura Ciudad de la Justicia de Santa Cruz de Tenerife. El Ejecutivo autonómico mantiene Cabo Llanos como ubicación prevista para la infraestructura.
Barreto explicó durante su comparecencia en comisión parlamentaria que el principal obstáculo que afronta el proyecto es de carácter urbanístico. «No es ni de inversión, ni de planificación o gestión, es urbanístico», señaló la consejera, que vinculó el avance de la actuación a la necesidad de habilitar previamente el suelo.
Un ámbito reducido
El Gobierno de Canarias ha optado por reducir el ámbito de la suspensión del planeamiento a la superficie estrictamente necesaria para construir la Ciudad de la Justicia. La propuesta de la pasada legislatura comprendía un espacio mayor, afectaba a cuatro instrumentos de planificación y abordaba también cuestiones relacionadas con la movilidad en la entrada sur de Santa Cruz de Tenerife.
La nueva fórmula separa ambos asuntos. El procedimiento se concentra en el suelo requerido para la infraestructura judicial, mientras que la solución global de movilidad queda para otra planificación del área de Política Territorial. Barreto defendió esta modificación como «un gran avance» y rechazó que suponga una reducción o abandono del proyecto.
La consejera insistió en que «el Gobierno de Canarias no renuncia a la Ciudad de la Justicia» y confirmó que la suspensión del planeamiento actualmente en tramitación afecta precisamente a los terrenos de Cabo Llanos. También explicó que se intentó alcanzar un acuerdo con el propietario de la parcela necesaria, aunque este, según su exposición, no quiere vender ni ser expropiado y recurriría a los tribunales ante una eventual expropiación.
Sin calendario definitivo
Pese a la estimación de dos o tres años, Barreto evitó establecer una fecha concreta para concluir el procedimiento. Según indicó, corresponde a Ordenación del Territorio determinar los plazos conforme avance la tramitación. Una vez aprobada la suspensión, podrán encargarse los proyectos y determinarse el coste de la infraestructura para incorporarlo a los presupuestos.
Mientras se desbloquea la solución definitiva, el Ejecutivo mantiene actuaciones en las instalaciones judiciales existentes, con ampliaciones de espacios y habilitación de nuevos inmuebles. Barreto cifró en unos 90 millones de euros la inversión prevista en Canarias entre mejoras, planificación, proyectos y obras de infraestructuras judiciales.
La oposición reclama plazos
Durante el debate parlamentario, representantes de PSOE, Vox y Nueva Canarias cuestionaron el grado de avance de la Ciudad de la Justicia. El socialista Gustavo Matos criticó la ausencia de una «programación» y de un calendario y presupuesto concretos, mientras Paula Jover, de Vox, reclamó aclaraciones sobre los plazos de ejecución. Nueva Canarias incidió en los problemas existentes en las infraestructuras judiciales y en la falta de una programación definida.
Desde Coalición Canaria, Socorro Beato defendió que la simplificación urbanística no reduce el proyecto. Mónica Muñoz, del PP, reclamó avanzar en la nueva infraestructura mientras se mejoran las instalaciones actuales, y Jesús Ramos, de ASG, pidió coordinación entre las administraciones y los operadores jurídicos.
