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Las solicitudes de asilo presentadas en España deben estudiarse de manera individualizada y no pueden ser rechazadas de antemano por el hecho de que sus solicitantes hayan entrado irregularmente en el país. Así lo sostienen la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y el Foro Judicial Independiente (FJI) ante el debate abierto por la situación migratoria de Ceuta.
La posición de ambas asociaciones judiciales llega después de que el presidente de Ceuta, Juan José Vivas, reclamara al Gobierno central que desestime las peticiones de asilo formuladas por migrantes tras la entrada masiva registrada en la ciudad autónoma entre el 30 y el 31 de julio.
Según información, unas 80.000 personas procedentes de Marruecos entraron en Ceuta durante aquellas dos jornadas y 83 personas perdieron la vida.
Vivas defendió una posición basada en el retorno a Marruecos y resumió su planteamiento con un mensaje contundente: «Ninguna regularización, ningún asilo». El presidente ceutí consideró esta decisión «una condición necesaria» para el presente y el futuro de la ciudad y sostuvo que serviría para «desactivar» la utilización de la «presión migratoria» como «arma» para «desestabilizar».
Respaldo del PP
La propuesta planteada por Vivas ha recibido el respaldo público de la dirección nacional del Partido Popular. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, defendió que la medida no vulneraría la legislación internacional y señaló la existencia de precedentes dentro de la Unión Europea.
De los Santos se refirió concretamente a Grecia, país que, según explicó, «también suspendió el derecho de asilo durante un periodo temporal concreto» ante la situación generada con países del norte de África.
Frente a esta posibilidad, la Asociación Profesional de la Magistratura recuerda que el ordenamiento jurídico permite endurecer y acelerar la tramitación de las solicitudes de protección internacional presentadas en frontera, pero establece límites a una denegación generalizada decidida previamente.
«Lo que no permite nuestro ordenamiento es decidir de antemano que toda persona que haya entrado irregularmente verá denegado el asilo», señalan fuentes de la APM. La asociación argumenta que cada petición debe ser examinada porque tras una entrada irregular puede encontrarse una persona que reúna los requisitos necesarios para obtener protección internacional.
Dos planos jurídicos
La APM diferencia, además, entre la situación administrativa derivada de una entrada irregular y el derecho a solicitar protección internacional. «Una cosa es que entrar irregularmente en España no otorgue ningún derecho a permanecer y otra distinta es que esa entrada irregular elimine el derecho a pedir protección internacional», explica la asociación, que considera que se trata de «dos planos jurídicos diferentes».
El presidente del Foro Judicial Independiente, Roberto García Ceniceros, coincide en la necesidad de analizar individualmente las peticiones. Aunque recuerda que corresponde al Ejecutivo resolver las solicitudes de asilo, señala que esta figura está concebida para estudiarse «caso a caso».
«Sólo habría de concederse asilo a quien cumpla los requisitos, pero sin que parezca procedente acordar denegaciones en masa», sostiene García Ceniceros.
Las asociaciones judiciales sitúan así el análisis individual de cada expediente como elemento central ante cualquier decisión sobre las solicitudes de protección internacional derivadas de la crisis migratoria registrada en Ceuta.
