Alejandro Marichal: «Eso es darle seguridad jurídica a nuestros vecinos»

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha dado un nuevo paso para aclarar la situación jurídica de los propietarios que residen en apartamentos y bungalós situados en las zonas turísticas del municipio. El pleno municipal aprobó por unanimidad, el pasado 29 de octubre, una ordenanza que permitirá solicitar certificados oficiales para acreditar el uso residencial de estos inmuebles, una medida con la que se pretende ofrecer mayores garantías a los vecinos afectados por la aplicación de la normativa turística.

Durante una entrevista concedida a Dulce María Facundo en Radio Islas – Radio Las Palmas, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha explicado el funcionamiento de esta nueva regulación, los documentos que deberán aportar los propietarios y las posibilidades que tendrán para defenderse ante los procedimientos sancionadores iniciados por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

«Eso es darle seguridad jurídica a nuestros vecinos», ha afirmado Marichal, quien considera que el nuevo procedimiento permitirá establecer criterios objetivos para determinar la situación de cada propiedad y evitar interpretaciones administrativas diferentes.

Tres situaciones jurídicas para acreditar el uso residencial

Uno de los aspectos principales de la ordenanza es que no todas las viviendas situadas en complejos turísticos recibirán el mismo tratamiento.

Marichal ha explicado que el Ayuntamiento distinguirá tres situaciones jurídicas: los usos residenciales conformes al planeamiento, aquellos que se encuentren legalmente consolidados y los inmuebles en situación de fuera de ordenación.

Para determinar qué régimen corresponde a cada propiedad, se tendrán en cuenta las circunstancias particulares del inmueble y la normativa vigente cuando comenzó su utilización residencial.

Entre las principales referencias figuran el Plan General de Ordenación de 1996, la Ley de Renovación y Modernización Turística de 2013 y la Ley del Suelo de Canarias de 2017.

Según el primer teniente de alcalde, los propietarios que adquirieron sus viviendas antes de 1996 podrían encontrarse, en términos generales, en una situación de conformidad con el planeamiento, mientras que otros casos posteriores podrían estar amparados por situaciones legales de consolidación.

No obstante, ha insistido en que cada expediente deberá estudiarse individualmente, ya que la antigüedad de la propiedad no determina por sí sola su situación jurídica.

Un certificado para defenderse ante los expedientes sancionadores

La principal novedad de la ordenanza será la posibilidad de solicitar un certificado municipal que identifique oficialmente la situación jurídica del uso residencial.

Para obtenerlo, los propietarios deberán aportar la documentación prevista en la normativa, entre la que podrán figurar escrituras, licencias de obra, certificados de empadronamiento y facturas de suministros.

Marichal ha destacado que el artículo 10 establecerá los medios de prueba admitidos, evitando que los ciudadanos tengan que enfrentarse a exigencias documentales diferentes según el técnico o departamento que tramite su solicitud.

El documento podrá resultar especialmente importante para quienes tengan procedimientos sancionadores en curso por residir en inmuebles inicialmente vinculados a la actividad turística.

En esos casos, los afectados podrán presentar el certificado como prueba ante la Administración competente y solicitar que se revise o archive su expediente, atendiendo a las circunstancias acreditadas. Sin embargo, el responsable municipal ha aclarado que el certificado no supondrá una legalización automática de las viviendas ni garantizará la suspensión de las sanciones.

«No anula las sanciones previas ni podemos ir en contra de las resoluciones del Gobierno de Canarias mediante una ordenanza municipal», ha explicado.

En cuanto a las sanciones que ya sean firmes, Marichal ha señalado que no podrán quedar anuladas automáticamente por la nueva regulación y que cualquier revisión deberá realizarse mediante las vías legales que correspondan.

El siguiente objetivo: permitir usos turísticos y residenciales en los mismos complejos

Más allá de esta primera medida, Marichal ha adelantado que el Ayuntamiento trabaja con una segunda finalidad: abordar la convivencia entre los usos residenciales y turísticos dentro del futuro Plan de Modernización de Maspalomas-Costa Canaria.

La intención municipal es que, en aquellos terrenos donde exista un uso residencial previo, pueda estudiarse su reconocimiento como uso mixto dentro de la planificación urbanística correspondiente.

Esto permitiría avanzar hacia un modelo en el que apartamentos y bungalós destinados a residencia habitual puedan convivir con unidades explotadas turísticamente, siempre dentro de las condiciones establecidas por la legislación.

El primer teniente de alcalde ha defendido que el desarrollo turístico del municipio no debe implicar la expulsión de los residentes de las zonas en las que han vivido durante décadas.

En este sentido, ha reivindicado un modelo de convivencia similar al de otros destinos europeos, donde la actividad turística y la vida cotidiana de los vecinos comparten los mismos espacios. Marichal considera que la ordenanza aprobada inicialmente representa el primer paso de un proceso más amplio para afrontar una problemática que afecta desde hace años a numerosos propietarios del litoral turístico.

La ordenanza todavía deberá superar el periodo de alegaciones

Aunque la normativa recibió el respaldo unánime del pleno municipal el 29 de octubre, su aprobación todavía no es definitiva.

Marichal ha explicado que el siguiente paso será su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, prevista inicialmente para la próxima semana, momento a partir del cual comenzará un periodo de treinta días de información pública y presentación de alegaciones.

Una vez completada la tramitación y aprobada definitivamente la ordenanza, los propietarios podrán acogerse al procedimiento de certificación previsto por el Ayuntamiento.

El primer teniente de alcalde también ha querido recordar a Blas Padrón, expresidente de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, y a Javier Luzardo, abogado vinculado a la defensa de los propietarios, ambos fallecidos.

Marichal ha destacado su contribución a una reivindicación mantenida durante años y ha dedicado parte del avance conseguido a su memoria.

Con esta iniciativa, San Bartolomé de Tirajana busca ofrecer una respuesta administrativa a la incertidumbre que afecta a propietarios de apartamentos y bungalós utilizados como residencia habitual, mientras mantiene como objetivo futuro encontrar un equilibrio entre el desarrollo turístico y el derecho de los vecinos a permanecer en sus hogares.

Foto portada: Asociación de Municipios Turisticos