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El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha valorado de forma positiva la decisión de la Comisión Europea de proponer la prórroga hasta 2035 de la exención para las regiones ultraperiféricas (RUP) en la aplicación de los derechos de emisión (ETS) al transporte aéreo y marítimo con sus respectivos Estados. La medida, que aún deberá ser ratificada por el Consejo de Ministros de Medioambiente de la UE y el Parlamento Europeo, supone un alivio para Canarias, al evitar un incremento de los costes de la conectividad.
El jefe del Ejecutivo autonómico recordó que mantener esta excepción era una cuestión "vital" para el archipiélago, ya que su desaparición habría provocado un encarecimiento de los desplazamientos y del transporte de mercancías. En este sentido, calificó de «buena noticia» que Bruselas haya atendido la reivindicación conjunta de las nueve regiones ultraperiféricas y de los tres Estados miembros a los que pertenecen para prolongar esta exención.
Objetivo: eliminar el límite temporal
Clavijo reconoció que la aspiración del Gobierno de Canarias era que la exención quedara establecida sin una fecha de caducidad, aunque destacó el avance logrado con la ampliación propuesta.
«El objetivo era que esta medida de excepción para las RUP se aplicara sin fecha límite, objetivo que no se ha conseguido, pero al menos se ha ampliado la medida hasta 2035 cuando hasta ahora solo estaba garantizada hasta 2030», señaló el presidente canario.
La propuesta forma parte de la revisión de las medidas europeas para alcanzar la neutralidad climática. Entre ellas se contempla que continúen exentos de los derechos de emisión, hasta el 31 de diciembre de 2035, los vuelos entre aeropuertos situados en regiones ultraperiféricas de un mismo Estado miembro, así como determinadas conexiones marítimas y servicios públicos de transporte. Además, se incorpora una nueva excepción para determinadas instalaciones de incineración de residuos ubicadas en las RUP.
Defensa de los intereses de Canarias
La propuesta llega después de la intensa actividad institucional desarrollada por el Gobierno de Canarias ante las instituciones europeas. Durante los últimos meses, Fernando Clavijo mantuvo reuniones con representantes de la Comisión Europea para trasladar el impacto que tendría la aplicación íntegra de los ETS sobre un territorio cuya movilidad depende casi exclusivamente del transporte aéreo y marítimo.
En esos encuentros defendió que la aplicación de los derechos de emisión incrementaría el precio de los billetes y también el coste de las mercancías que llegan al archipiélago.
«Si la UE aplica los ETS a nuestra conectividad se producirá un encarecimiento de los billetes, además de una subida de los precios de las mercancías, dado que el 90% del consumo se abastece por vía marítima», argumentó el presidente.
Según el estudio encargado por el Ejecutivo autonómico, la implantación plena de estos derechos de emisión habría supuesto un incremento de entre dos y tres euros en los vuelos interinsulares y de entre quince y veinte euros en los trayectos con la Península. Además, el Gobierno canario trasladó esta reivindicación al Ejecutivo central mediante una carta remitida al presidente Pedro Sánchez para solicitar una defensa firme de esta excepción en la legislación climática europea.
