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El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha reclamado al grupo de gobierno municipal (PSOE, Nueva Canarias y Unidas Sí Podemos) que lleve a cabo una auditoría del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para determinar si se ha producido un deterioro en la calidad de la atención que reciben las personas dependientes desde la entrada en vigor del nuevo contrato, el pasado mes de febrero.
Suárez ha explicado que su formación ha tenido conocimiento de una reclamación formal presentada el pasado 30 de octubre por una usuaria del servicio, que denuncia reiteradas cancelaciones de la atención domiciliaria, falta de personal disponible y dificultades para garantizar las sustituciones. Además, ha señalado que Coalición Canaria tiene constancia de otras quejas relacionadas con el funcionamiento del servicio, por lo que considera necesario analizar si se trata de incidencias aisladas o si existe un problema de mayor alcance.
El portavoz nacionalista ha subrayado que el Servicio de Ayuda a Domicilio constituye uno de los contratos de mayor cuantía económica de cuantos licita el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, con un presupuesto de 34,5 millones de euros para dos años, pero también uno de los que requieren una mayor sensibilidad por parte de la administración municipal, dado el perfil de sus destinatarios.
"Estamos hablando de un servicio esencial, dirigido a personas mayores y dependientes, muchas de ellas especialmente vulnerables. Su importancia no radica únicamente en los millones de euros que se destinan a financiarlo, sino en que de su correcto funcionamiento depende directamente la calidad de vida de muchas personas y de sus familias", ha manifestado Suárez.
La reclamación presentada ante el Ayuntamiento corresponde a una vecina del distrito Vegueta, Cono Sur y Tafira, con un grado III de dependencia, que lleva más de veinte años recibiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio.
En su escrito, la afectada explica que durante estas dos décadas ha recibido la atención de diferentes empresas adjudicatarias sin problemas significativos, manteniendo una organización estable que le permitía compatibilizar la asistencia domiciliaria con sus tratamientos médicos, rehabilitación y actividades personales.
Sin embargo, denuncia que, tras la entrada de una nueva empresa como nueva adjudicataria del lote correspondiente a su distrito, comenzaron a producirse dificultades que se intensificaron a partir del pasado mes de agosto, coincidiendo con la salida de la trabajadora que habitualmente le prestaba el servicio.
La usuaria relata que los días 1, 8 y 29 de octubre se produjeron incidencias que impidieron recibir la atención en las condiciones habituales, en algunos casos porque la empresa le comunicó que no disponía de personal para acudir a su domicilio.
"Lo verdaderamente preocupante es que hablamos de una persona que llevaba más de veinte años recibiendo este servicio con normalidad, con distintas empresas adjudicatarias, y que ahora se ve obligada a presentar una reclamación formal porque no sabe si va a recibir la atención que necesita. Es evidente que situaciones como esta merecen una investigación rigurosa por parte del Ayuntamiento", ha señalado David Suárez.
Un contrato millonario que ya arrastraba problemas
Desde Coalición Canaria recuerdan que el Servicio de Ayuda a Domicilio ha atravesado importantes dificultades durante los últimos años, tanto en la tramitación de su contratación como en las condiciones de prestación.
En 2024, el Ayuntamiento tuvo que declarar desierta la primera licitación del nuevo contrato, circunstancia que retrasó la renovación del servicio. Posteriormente, se produjeron conflictos laborales y denuncias relacionadas con el abono de las nóminas de las trabajadoras.
Finalmente, el nuevo contrato fue presentado en febrero de 2026 por el gobierno municipal. La contratación se dividió en cuatro lotes territoriales, adjudicados a diferentes empresas. "Después de todas las dificultades que se produjeron durante la contratación, el Ayuntamiento anunció una inversión millonaria que debía traducirse en una mejora de la prestación. Por eso resulta especialmente necesario comprobar que ese incremento presupuestario está repercutiendo realmente en una mejor atención y que no se está produciendo, por el contrario, una merma en la calidad del servicio", ha explicado el portavoz nacionalista.
CC reclama una auditoría de los cuatro lotes del contrato
Ante esta situación, Coalición Canaria considera necesario que el Ayuntamiento impulse una auditoría o evaluación exhaustiva del funcionamiento del Servicio de Ayuda a Domicilio desde la entrada en vigor del nuevo contrato, que permita conocer con datos objetivos si se están cumpliendo las condiciones de prestación y si se ha producido algún deterioro respecto a la etapa anterior.
Asimismo, considera fundamental comprobar si las empresas adjudicatarias están disponiendo de los medios humanos y materiales comprometidos y si el Ayuntamiento está ejerciendo adecuadamente sus funciones de supervisión y control.
"No podemos conformarnos con saber cuánto dinero cuesta el contrato o cuántas horas de atención se han previsto. Tenemos que conocer cuántas se están prestando realmente, en qué condiciones y si las personas dependientes están recibiendo la atención que necesitan. Y para eso es imprescindible realizar una evaluación seria, con indicadores objetivos y comparando la situación anterior con la actual", ha defendido.
"Las empresas adjudicatarias tienen la obligación de cumplir los contratos, pero el Ayuntamiento sigue siendo el responsable de garantizar que el servicio se presta correctamente. No puede limitarse a adjudicar un contrato de más de 34 millones de euros y confiar en que todo funcione sin realizar un seguimiento exhaustivo", ha finalizado.
