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El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha mostrado el rechazo de las dos universidades públicas canarias al nuevo contrato programa de financiación promovido por el Gobierno de Canarias al considerar que no garantiza la estabilidad necesaria para desarrollar su actividad. Durante una entrevista en Buenos Días a las 8, Serra aseguró que la propuesta «ignora que somos un archipiélago», una circunstancia que, a su juicio, deja sin respuesta el sobrecoste que supone prestar servicio universitario en un territorio fragmentado como el canario.
El rector explicó que tanto la ULPGC como la Universidad de La Laguna mantienen una posición común ante el Ejecutivo autonómico y lamentó que un documento en el que ambas instituciones habían depositado grandes expectativas haya terminado siendo «bastante descorazonador». Incluso afirmó que las universidades tienen la sensación de que «importamos poco a este Gobierno».
Un modelo que no cubre las necesidades básicas
Serra indicó que la prioridad pasa por garantizar el funcionamiento diario de la universidad, desde el pago de las nóminas hasta la apertura de las aulas para los 18.000 estudiantes matriculados en los 55 grados que oferta la ULPGC. Sin embargo, denunció que el contrato programa parte de cálculos erróneos que cifró en torno a 15 millones de euros y criticó un sistema que limita los incentivos al 1 % del presupuesto mientras contempla penalizaciones de hasta el 2,5 % por circunstancias que, según explicó, no siempre dependen de las universidades.
El rector defendió que la universidad pública debe entenderse como una inversión para el desarrollo de Canarias. Recordó que las universidades aportan alrededor del 2,5 % del PIB regional y reciben una financiación equivalente al 0,5 %, cuando la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) recomienda alcanzar el 1 %. «No somos un gasto, somos una inversión», resumió.
También advirtió de que una financiación insuficiente podría abrir el debate sobre un incremento de las tasas universitarias. Serra señaló que, si esa fuera la intención del Gobierno, debería manifestarlo con claridad, aunque dejó patente que la posición de las universidades públicas pasa por mantener unas matrículas accesibles y avanzar hacia la reducción de las tasas, en línea con la LOSU y con otras comunidades autónomas.
Una posición común y resultados de gestión
El rector insistió en que la ULPGC y la Universidad de La Laguna actúan de forma coordinada y descartó cualquier competencia entre ambas instituciones. Explicó que colaboran para ampliar la oferta de titulaciones cuando existe demanda social, aunque advirtió de que ese crecimiento exige una financiación suficiente.
Como respaldo a sus reivindicaciones, Serra destacó la evolución de la ULPGC durante los últimos años. Citó el incremento del 20 % en los estudiantes de nuevo ingreso, la reducción del fracaso académico del 31 % al 15 %, la mejora de los indicadores de transparencia, el impulso a la internacionalización mediante proyectos como ERUA y Bridge to África, así como las inversiones realizadas con recursos propios para reforzar infraestructuras y actividades formativas en Lanzarote y Fuerteventura. A su juicio, ese esfuerzo evidencia el carácter archipielágico de la universidad, una realidad que, según reiteró, el contrato programa no contempla.
Serra se mostró confiado en que todavía exista margen para alcanzar un acuerdo antes del inicio del curso 2026-2027 y aseguró que las universidades seguirán trabajando para captar recursos y mejorar su servicio. Reivindicó, además, el papel estratégico de la educación superior en el desarrollo de Canarias y defendió que la financiación universitaria debe entenderse como una apuesta de futuro. «No somos un gasto, somos una inversión», concluyó.
