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La familia de Juana Ramos, desaparecida en agosto de 2016 en Gran Canaria, ha solicitado una condena de 17 años de prisión para su expareja, Miguel Ángel Ramos, a quien acusa de los delitos de homicidio, con los agravantes de parentesco y de género, y contra la integridad moral. El procedimiento será enjuiciado por un tribunal del jurado.
En su escrito de acusación, los hijos de la desaparecida también interesan que, una vez cumplida la pena que finalmente pudiera imponerse, el acusado permanezca diez años en libertad vigilada. Asimismo, reclaman una indemnización de 300.000 euros y que asuma el coste de todas las labores de búsqueda y localización desarrolladas durante la última década. La acusación particular ha propuesto igualmente la declaración de 24 testigos durante el juicio. Estas peticiones coinciden con las formuladas por la Fiscalía.
Una relación marcada por el control
Según el escrito de acusación, Juana Ramos y Miguel Ángel Ramos mantuvieron una relación desde 2003, con periodos de convivencia intermitentes. En julio de 2016 decidieron vivir por separado debido a desavenencias, aunque seguían en contacto porque él devolvía de forma fraccionada una deuda económica que mantenía con ella.
Los familiares sostienen que el acusado no aceptaba que su expareja quisiera desarrollar una vida independiente y que ejercía sobre ella una actitud de vigilancia y control. En el escrito afirman que «aprovechaba» la deuda para presionarla y mantener el vínculo entre ambos.
La noche de la desaparición
La acusación relata que ambos se citaron la noche del 20 de agosto de 2016, cuando el acusado recogió a Juana Ramos en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria para desplazarse hacia Arucas, donde residía él. Los familiares sostienen que, durante ese encuentro, el procesado acabó voluntariamente con la vida de su expareja en un lugar del norte de Gran Canaria que no ha podido determinarse y que posteriormente hizo desaparecer el cuerpo para dificultar su localización. Diez años después, el cadáver continúa sin ser hallado.
La acusación también destaca la «nula colaboración» del acusado en las tareas de búsqueda y sostiene que mintió durante la reconstrucción del recorrido realizado aquella noche, al no coincidir su versión con el posicionamiento de los teléfonos móviles. Además, sitúa el último rastro de Juana Ramos en la zona de Bañaderos, y no en las inmediaciones de su vivienda, como él ha mantenido.
Los familiares descartan igualmente la hipótesis de una desaparición voluntaria y argumentan que la mujer mantenía responsabilidades familiares, entre ellas el cuidado de sus padres y de un nieto con autismo, además de otros indicios recogidos en el escrito de acusación.
