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La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para cuatro alcaldes por los vertidos de Güímar
El juicio arrancará en febrero de 2027 en Tenerife por un presunto delito medioambiental relacionado con aguas residuales.
La Fiscalía solicita cuatro años de prisión y hasta 13 años de inhabilitación para cuatro actuales y antiguos responsables municipales de Candelaria, Arafo y Güímar por un presunto delito medioambiental relacionado con los vertidos de aguas residuales en el Polígono Industrial de Güímar.
Los acusados son la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito; el exalcalde de este municipio José Gumersindo García Trujillo; el exalcalde de Arafo José Juan Lemes; y la actual alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro Dorta. La acusación sostiene que no habrían cumplido con las obligaciones vinculadas a la gestión y mantenimiento de las infraestructuras del área industrial.
Según el escrito de la Fiscalía facilitado a Europa Press, una vez cedidos y transmitidos formalmente a los tres ayuntamientos los bienes comprendidos en la infraestructura, los acusados no habrían creado la entidad urbanística de conservación (EUC) encargada de su gestión y mantenimiento.
Falta de mantenimiento
El Polígono Industrial de Güímar ocupa una superficie de 1,8 millones de metros cuadrados y limita al sur con el Área de Sensibilidad Ecológica de la Reserva Natural Especial. En él desarrollan su actividad entre 200 y 220 empresas, algunas sujetas a autorización ambiental específica por la naturaleza de los residuos que generan.
La Fiscalía sostiene que los responsables municipales, «de forma consciente y voluntaria», tampoco habrían destinado partidas presupuestarias para atender los gastos de mantenimiento, conservación y sostenimiento de las infraestructuras de evacuación de aguas residuales.
El escrito añade que no se contrató personal de mantenimiento y limpieza ni se habría supervisado o controlado el vertido y su impacto sobre el medio receptor. Tampoco se habrían inspeccionado, mantenido o adaptado las instalaciones y equipos existentes para el tratamiento y legalización de los vertidos.
Instalaciones en «absoluto abandono»
Como consecuencia de esta situación, la Fiscalía afirma que las instalaciones quedaron en «un estado de absoluto abandono». Las edificaciones y estaciones de bombeo permanecieron sin cierre y desvalijadas, mientras que las bombas y equipos estaban fuera de funcionamiento y existían signos de rebose del caudal. El escrito señala que llegó a apreciarse «peligro para la vida o salud de las personas».
La acusación mantiene además que los cuatro procesados conocían la existencia de un expediente de la Viceconsejería de Medio Ambiente sobre la autorización de vertido del polígono, pero «no se personaron y dejaron conscientemente que el expediente finalizara y se archivara», sin obtenerse la correspondiente autorización.
Juicio en febrero de 2027
Según recoge la información de agencia, las aguas residuales industriales y las aguas fecales de las urbanizaciones fueron vertidas sin «ningún tipo de depuración, ni tratamiento» y posteriormente expulsadas al mar. La Fiscalía califica la situación de «absoluta ilegalidad».
El juicio está previsto que comience el 8 de febrero de 2027, mientras que los acusados serán interrogados el 16 de febrero en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
